LO BUENO Y LO MALO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Formas de Contribución:

1. Vigilancia y prevención de delitos:

   • Proporcionar servicios de vigilancia en áreas residenciales, comerciales e industriales para disuadir la actividad delictiva y detectar incidentes antes de que escalen.
   • Implementar patrullas móviles y sistemas de monitoreo para identificar comportamientos sospechosos y responder rápidamente a emergencias.

2. Colaboración con autoridades:

   • Trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden público y otras agencias gubernamentales para compartir información y coordinar respuestas a situaciones de seguridad.
   • Brindar apoyo logístico y técnico en operativos policiales y eventos de gran envergadura, como manifestaciones públicas o desastres naturales (como lo hace el sistema de salud privado ante catástrofes)

3. Protección de infraestructuras críticas:

   • Proteger instalaciones críticas como aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, plantas industriales y centros de telecomunicaciones contra amenazas internas y externas.
   • Implementar medidas de seguridad física y tecnológica para garantizar la integridad y funcionamiento de estas infraestructuras vitales.

4. Seguridad en eventos públicos:

   • Proporcionar seguridad en eventos públicos y privados, como conciertos, festivales, eventos deportivos y conferencias, para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir incidentes, realizando la cobertura interna.
   • Gestionar el control de multitudes, la gestión del tráfico y la respuesta a emergencias durante estos eventos.

5. Educación y concientización:

• Ofrecer programas de educación y concientización sobre seguridad para empresas, comunidades y escuelas, enseñando medidas preventivas y fomentando la participación ciudadana en la seguridad.
• Colaborar con organizaciones comunitarias y grupos de interés para abordar problemas específicos de seguridad y promover la resiliencia comunitaria.

Contradicciones y Desafíos:

1. Intereses comerciales vs. intereses públicos:

   • Las empresas de seguridad privada pueden estar motivadas por intereses comerciales, lo que puede entrar en conflicto con el interés público en algunas situaciones.
   • Por ejemplo, podría haber presión para minimizar los costos o maximizar los ingresos, lo que podría comprometer la calidad de los servicios de seguridad.

2. Falta de coordinación y supervisión:

   • La falta de coordinación y supervisión adecuadas entre las empresas de seguridad privada y las autoridades públicas puede llevar a duplicaciones de esfuerzos o incluso a conflictos de competencias.
   • Esto podría resultar en una respuesta ineficiente a situaciones de emergencia o en la violación de los derechos civiles y la privacidad de los ciudadanos.

3. Capacitación y estándares de calidad:

   • La calidad y la capacitación del personal de seguridad privada pueden variar considerablemente según la empresa y la jurisdicción.
   • La falta de estándares, uniformes y la capacitación insuficiente pueden poner en riesgo la seguridad tanto de los empleados como del público en general.

4. Privatización de la seguridad:

   • La privatización excesiva de la seguridad puede generar desigualdades en el acceso a servicios de seguridad, ya que las empresas pueden centrarse en áreas más lucrativas en detrimento de comunidades desatendidas.
   • Además, podría erosionar la responsabilidad y la legitimidad de las instituciones públicas encargadas de la seguridad.

5. Conflictos de intereses y transparencia:

• Existen preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses entre las empresas de seguridad privada y sus clientes, especialmente cuando se trata de proteger intereses corporativos o gubernamentales.
• Es crucial garantizar la transparencia en las relaciones entre empresas de seguridad privada y clientes para evitar la influencia indebida en asuntos de seguridad pública.

6. Las empresas de seguridad privada no tienen poder de policía:

• El monopolio del estado en el ejercicio del poder de policía: Según la Constitución Nacional de Argentina y la jurisprudencia correspondiente, el poder de policía es una atribución exclusiva del Estado. Esto significa que solo las fuerzas policiales y de seguridad, que actúan en representación del Estado, tienen la autoridad legal para hacer cumplir las leyes, mantener el orden público y prevenir delitos.
• Riesgo de abuso de autoridad: Permitir que empresas privadas ejerzan poder de policía podría conducir a abusos de autoridad, violaciones de derechos civiles y conflicto de intereses. La regulación del poder de policía se realiza mediante la ley y está sujeta a controles y balances para garantizar su ejercicio adecuado y transparente.
• Falta de capacitación y control: Las empresas de seguridad privada no están necesariamente capacitadas ni equipadas para ejercer funciones policiales de manera adecuada. La capacitación, la supervisión y la rendición de cuentas son elementos fundamentales en el ejercicio del poder de policía, y estas empresas pueden no cumplir con los estándares requeridos.
• Conflicto de jurisdicción y competencia: Permitir que empresas privadas ejerzan poder de policía podría generar conflictos de jurisdicción y competencia con las fuerzas del orden público establecidas. Esto podría dificultar la coordinación y la cooperación entre las diferentes entidades encargadas de mantener la seguridad y el orden público.
• Responsabilidad legal y civil: Otorgar poder de policía a empresas privadas podría exponerlas a responsabilidad legal y civil en caso de acciones incorrectas o abusivas por parte de sus empleados. Esto podría dar lugar a demandas judiciales y sanciones financieras que podrían afectar la viabilidad financiera de la empresa. Las trabas que existen en el código procesal penal de la provincia de Mendoza y en el marco legal en general para que una empresa de seguridad privada tenga poder de policía están fundamentadas en la necesidad de preservar el monopolio estatal en el ejercicio del poder de policía, garantizar el respeto a los derechos civiles y prevenir abusos de autoridad. Las empresas de seguridad privada tienen un papel complementario en el ámbito de la seguridad, pero no reemplazan ni duplican las funciones de las fuerzas del orden público.

• Nota: Las empresas de seguridad privada pueden desempeñar un papel importante en la mejora de la seguridad pública, también enfrentan desafíos y contradicciones que deben abordarse mediante una regulación adecuada y una supervisión efectiva. La colaboración y la coordinación entre el sector público y privado son esenciales para maximizar los        beneficios y minimizar los riesgos asociados con la participación de empresas privadas en asuntos de seguridad, ya que el poder de policía solo es potestad del estado y no de        particulares.